Lunes, 23 Abril 2018 00:00

“El caso de Rodney Álvarez es como un escarmiento para que la clase trabajadora tome miedo”

 
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Tras las protestas del sector salud por la crisis de insumos y el deterioro salarial, dirigentes sindicales de distintas corrientes han decidido hacer una cruzada nacional para enfrentar la crisis laboral y, en el caso de Guayana, reclamar al Poder Judicial una medida cautelar a favor del trabajador de Ferrominera Orinoco, Rodney Álvarez, detenido por la presunta participación en el homicidio del también ferrominero Renny Rojas, el 9 de junio de 2011 en el portón de la estatal.

El secretario ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Francisco Luna, resaltó que Álvarez fue detenido injustamente a través de “un montaje político” para cercenarle sus derechos. “Luego de seis años y medio, todo el mundo sabe quién fue el asesino de Renny Rojas en Ferrominera”, sostuvo.

El dirigente, miembro de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-Cura), llamó a los trabajadores eléctricos, petroleros, de la educación, de las empresas básicas y de todos los sectores productivos a unirse “para enfrentar la crisis laboral” y apoyar la exigencia por la liberación de Álvarez.

“Hay hambre hasta en la clase trabajadora y este gobierno no tiene rumbo para salir de esta situación que nos asfixia porque no permite subsistir”, explicó, al señalar que en el caso particular de Pdvsa, pese a la reciente firma del contrato colectivo, la migración laboral se ha fortalecido, pues el ingreso promedio permite adquirir apenas cuatro productos de la canasta alimentaria, mientras que el básico no rinde ni para un cartón de huevos.

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La hiperinflación que en 2017 cerró en 2.616%, según cálculos de la Asamblea Nacional, “está desmejorando los contratos colectivos”, señaló, al punto de que han evaluado, incluso, plantear su nulidad debido a la baja protección que brindan en la actualidad. A la cruzada nacional, añadió, se han sumado los Núcleos Proletarios Clasistas y la Oposición de Izquierda en Lucha (OIL).

La situación social del ferrominero Rodney Álvarez es peor, pues desde su detención fue sacado de la nómina de la estatal, lo que ha afectado la calidad de vida de su familia, principalmente, sus tres hijos que –aseguran- viven en condiciones precarias. “Pensamos hacer colectas en las industrias básicas para la familia y las gestiones legales que se han alargado por lo tardío de la justicia venezolana (…) el caso de Rodney Álvarez es como un escarmiento para que la clase trabajadora tome miedo”.

Mensaje tras retardo procesal

A juicio del abogado defensor, Manuel Sarabia, el retraso procesal en el caso de Álvarez busca “demostrar y hacer ver al resto de la clase obrera y proletariado en general, que si osan llamar a elecciones sindicales u organizar huelgas para exigir mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo, correrán con la misma suerte”.

El abogado informó que en la apertura de juicio, prevista para el 4 de abril, el trabajador ni siquiera fue trasladado a los tribunales y, por el contrario, fue diferida para el 20 de junio. “La juez Paulette León Guevara es la encargada de mantener su silencio cómplice contra este trabajador, negándole la medida sustitutiva de libertad solicitada por la defensa”, recalcó.

Sarabia hizo énfasis en las consecuencias de la detención de Álvarez, sin elementos probatorios, tras más de seis años. “Sus tres hijos van para siete años que no pueden llevarse las tres comidas a la boca a consecuencia de la ausencia de su padre, responsable directo del sustento familiar. Su niño de 7 años ha sufrido paludismo en tres oportunidades, situación de salud que agrava las condiciones familiares”.

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