Jueves, 12 Julio 2018 00:00

Difieren nuevamente apertura de audiencia de juicio del trabajador Rodney Álvarez

 
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La apertura de la audiencia de juicio del trabajador ferrominero Rodney Álvarez, prevista para el 11 de julio en el Tribunal 12° de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue diferida nuevamente, esta vez para el 6 de agosto en una larga espera caracterizada por el retardo procesal.

El trabajador fue trasladado a los tribunales, pero la jueza Paulette León difirió el proceso por la ausencia del abogado acusador y el fiscal, informó el abogado defensor, Manuel Sarabia, quien días antes manifestó que esperaban que el fiscal solicitara una medida cautelar bajo fianza.

“Sigue el silencio cómplice del sistema de justicia venezolano para mantener a Rodney Álvarez secuestrado en El Rodeo II. Lo trasladaron, pero es más de lo mismo, porque no acudió el abogado acusador ni el fiscal”, denunció.

A juicio de Sarabia, las autoridades y el Poder Judicial no cuentan con elementos para sostener la acusación en contra de Álvarez, quien cumplió siete años detenido en junio. “Lo cierto es que no tienen elementos y están en conchupancia para negarle la libertad”, reiteró.

En tres oportunidades se ha diferido la apertura de la audiencia de juicio: el 4 de abril, el 20 de junio y este 11 de julio.

El abogado informó que en vista del retardo y la denegación de justicia, la defensa introdujo -el 20 de junio- un recurso ante el tribunal solicitando a la juez el decaimiento de la causa. “Tampoco hemos tenido respuesta a eso, así que se mantiene en el limbo al trabajador, violando sus garantías y derechos constitucionales y demostrando que quien tiene el poder tiene la fuerza”.

Álvarez fue apresado por su presunta participación en el homicidio del también ferrominero Renny Rojas, el 9 de junio de 2011, en el portón de la estatal del hierro. La defensa y los movimientos sindicales solidarios con el trabajador señalan que el Gobierno busca encubrir al verdadero autor material del asesinato.

“Nos queda seguir trabajando para presionar su libertad, porque lo que quiere el Estado es ahogar a este trabajador para que admita los hechos, pero él es inocente de lo que se le acusa”, puntualizó el abogado defensor.

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