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La falta de personal médico se hizo sentir este lunes en la emergencia del Hospital Uyapar de Puerto Ordaz, cuando desde tempranas horas de la mañana pacientes pediátricos no habían sido atendidos, no solo por falta de insumos y medicamentos, sino por falta de pediatra. Esta situación ya había sido advertida y que se ha agravado desde el cierre del Centro Pediátrico Menca de Leoni en San Félix, a pesar de las promesas electoreras que lanzó hace menos de un mes Nicolás Maduro durante una de sus visitas a la región.

Los avisos de búsqueda de personal invaden las vitrinas de centros comerciales y empresas. Pocos son los interesados en postular a las vacantes. La hiperinflación agrava la contratación de personal: muchos prefieren, incluso, trabajar en las minas antes que percibir, por ejemplo, los cinco millones que les ofrecen. La realidad los aporrea: con eso no pudieran comprar un par de zapatos en el mismo negocio en el que trabajan. Son, en suma, los embates de una economía insostenible.

Falta de transporte, salarios paupérrimos y un ambiente laboral hostil, con exceso de trabajo y escasez de implementos para trabajar, son las principales deficiencias que llevan al personal de los hospitales del IVSS a presionar con una medida tan radical, cansados de ser ignorados por el Estado.

Enfermeras, trabajadores y familiares de pacientes marcharon dentro del hospital de Guaiparo reclamando mayor dotación y medicamentos, así como la reivindicación de los salarios para evitar las renuncias masivas que aquejan a ambos centros médicos desde el año pasado.

La dirigencia sindical guarda esperanzas de que el tardío desembolso del gobierno por concepto de insuficiencia presupuestaria permita levantar la medida, pero la planta refinadora de alúmina está paralizada desde el 23 de septiembre de 2017, de modo que no tiene recursos para sostenerse. Esta decisión implica, prácticamente, un cierre técnico indefinido en tiempos de crisis económica.

Desde el 1 de enero los hospitales Uyapar en Puerto Ordaz y Guaiparo en San Félix están sin transporte institucional. Por seguridad y ante las dificultades para conseguir transporte público, la mayoría de los empleados se retiran antes de culminar el turno, quedando desatendidas algunas unidades. 

La edil de Gente de Guayana asegura que las acciones de la Alcaldía y la Gobernación son insuficientes para atender a las cientos de familias que perdieron la mayoría de sus bienes por la crecida del río Caroní.

Aunque no con la misma fuerza del jueves pasado, el lado oeste de la ciudad hizo un alto durante todo el día. Las amenazas oficiales mermaron la protesta; sin embargo, locatarios y trabajadores, conscientes de la realidad país, se las ingeniaron para sumarse a una protesta que apuesta por una calidad de vida mermada por el desgobierno y que no hace justicia a su trabajo. El trabajo de cientos de guayacitanos que sin fuero sindical alguno arriesgaron su estabilidad laboral por un mejor país. San Félix apenas se desmovilizó. Y fue por transporte público.

Señalan que el personal que contribuya a llevar a cabo la iniciativa inconstitucional del presidente Maduro, podría ser objeto en un futuro de las sanciones previstas en el artículo 25 de la CRBV.

Un grupo del personal afectado por los pasivos laborales, exigieron además que se reactiven los pagos de becas estudiantiles, bonos vacacionales, entre otros.

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