Lunes, 25 Junio 2018 00:00

11 de los 12 femicidios registrados en Bolívar durante primer semestre siguen impunes

 
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11 de los 12 femicidios registrados en Bolívar durante primer semestre siguen impunes Foto eltelegrafo.com.ec

En el primer semestre de 2018 hubo 12 mujeres asesinadas en el estado Bolívar, entre los municipios Caroní, Heres, El Callao y Sifontes. El mes más violento fue mayo, en el que ocurrieron cinco homicidios de mujeres, equivalentes al 41% de los crímenes registrados.

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El estado Bolívar es uno de los estados más violentos del país. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) lo clasificó como la cuarta entidad más peligrosa de la nación en 2017 y su municipio más violento, El Callao, presentó una elevada tasa de homicidios de 816 muertes por cada 100 mil habitantes.

El contexto de violencia armada siempre es propicio para aumentar la violencia de género y, en consecuencia, aumentar la cantidad de femicidios, definidos como el asesinato de mujeres perpetrado por hombres con motivos de odio, desprecio o placer, o un sentido de propiedad de la mujer (Diana Russell, 1976). Este 2018, la violencia contra la mujer va en aumento en todo el estado Bolívar, de acuerdo con el primer informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género que preparó la Organización No Gubernamental (ONG) Comisión para los Derechos Humanos y Ciudadanía (Codehciu), entre enero y junio.

En el primer semestre de 2018 hubo 12 mujeres asesinadas en el estado Bolívar, entre los municipios Caroní, Heres, El Callao y Sifontes. El mes más violento fue mayo, en el que ocurrieron cinco homicidios de mujeres, equivalentes al 41% de los crímenes registrados.

El informe del Observatorio de Violencia Armadacon Enfoque de Género en el estado Bolívar determinó que solo uno de estos 12 homicidios puede ser clasificado como femicidio directo o activo, que se define como “la muerte de niñas o mujeres por violencia doméstica, prácticas de honor, lesbofóbicas, infanticidios femeninos, pago de dotes, conflictos armados, causas misóginas, éticas o socioculturales, entre otras”. Así lo define el informe de la Relatoría especial de la ONU sobre violencia contra la mujer (2014).

El mismo documento define el otro tipo de femicidio, el indirecto o pasivo,como aquel que “es consecuencia de prácticas abortivas clandestinas, mutilación genital femenina, mortalidad materna, acción u omisión de los agentes del Estado y los que están relacionados con el tráfico de seres humanos, droga, proliferación de armas pequeñas, crimen organizado, pandillas y bandas criminales”.

Codehciu ve con preocupación el incremento de mujeres como víctimas fatales de la criminalidad desbordada en el estado Bolívar, con prácticas sangrientas, y sin respuesta de las autoridades: de los 12 crímenes, solo uno ha sido resuelto por las autoridades regionales, lo cual mantiene la tendencia de un índice de impunidad de más del 95% en el sur del país. 

Mayo sangriento

El 1 de mayo fue asesinada Annelis Victoria Palma García, de 31 años, en San Félix. Un cartel con la frase por pichadora y sapa fue dejado por sus homicidas al lado de su cadáver, por haber sido informante de los cuerpos de seguridad en una investigación. Este fue el único caso resuelto por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que ajustició al responsable del crimen.

  Ecapitularl contexto de violencia armada siempre es propicio para aumentar la violencia de género y, en consecuencia, aumentar la cantidad de femicidios, definidos como el asesinato de mujeres perpetrado por hombres con motivos de odio, desprecio o placer, o un sentido de propiedad de la mujer (Diana Russell, 1976).  

Otro de los asesinatos más cruentos también ocurrió en mayo. Mayerling Isabel Jaramillo, de 18 años, fue torturada y decapitada dentro de su vivienda junto a su hermano, en el sector Core 8, de Puerto Ordaz, el 15 de mayo. Este sangriento homicidio no ha sido resuelto por las autoridades, al igual que los otros 10 que restan por esclarecer.

De acuerdo con el balance del informe, de los 12 crímenes, nueve fueron asesinados por arma de fuego, dos por arma blanca, y uno con arma desconocida -o no revelada por los cuerpos de seguridad a la prensa-. Las víctimas tenían edades comprendidas entre 18 y 47 años.

En cuanto a la ubicación, de la docena de crímenes, cinco sucedieron en San Félix, tres en los municipios del sur del estado Bolívar, tres en Puerto Ordaz y uno en Ciudad Bolívar. Dos de los asesinatos fueron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado, y dos fueron presuntos sicariatos. Además, dos de las mujeres tenían signos de tortura. Los móviles manejados por las autoridades fueron resistencia a la autoridad, venganza y el mal utilizado término de crimen pasional.

Aumenta la violencia de género

El informe del Observatorio de Violencia Armada con Enfoque de Género en Ciudad Guayana exalta que es preciso que el Estado genere y publique información confiable con estadísticas para diseñar soluciones que combatan la violencia de género y los femicidios. Ya en 2014 el Comité Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer le hizo esa recomendación al Estado venezolano, pero no ha habido mejoras.

En Venezuela, las últimas cifras oficiales de homicidios contra mujeres datan de 2016. El Ministerio Público reveló que en 2015 hubo 17.778 asesinatos, de los cuales 121 fueron mujeres asesinadas por razones de género. Al año siguiente, esta cifra aumentó a 122.

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Uno de los 12 crímenes califica como femicidio directo, de acuerdo con el concepto definido en el informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer | Infografía – Prensa Codehciu
 

Para 2017, ante la ausencia de datos oficiales, el Instituto Metropolitano para la Mujer recabó que entre enero y agosto hubo 254 femicidios en Venezuela, lo que refleja un aumento sostenido de este tipo de crímenes. Esto se concatena con la tendencia creciente de los asesinatos contra mujeres durante el primer semestre de 2018 en el estado Bolívar que registró el estudio de Codehciu. 

Estadísticas internacionales de organismos unilaterales como la Unilerc, ONU Mujeres, Unfpa y otros, certifican que cada año al menos 66 mil mujeres son asesinadas en contextos de tolerancia a la violencia contra la mujer; los femicidios tienen por victimario al compañero actual o anterior de la víctima; el índice de femicidios aumenta en contextos de violencia armada generalizada; el índice de femicidios es casi igual al de víctimas masculinas en países con índices no tan altos de violencia; y los femicidios son cometidos en un 60 – 80% con armas pequeñas.

El Estado venezolano ha fallado en garantizar políticas de seguridad que reduzcan los índices de criminalidad. Solo en 2017 hubo 500 muertes violentas en Ciudad Guayana y en 2018 la tendencia es similar tanto en esta ciudad como en los municipios del sur del estado Bolívar.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2009, indica que la violencia armada vuelve aún más vulnerables los sectores de la población que tradicionalmente los son, en este caso las mujeres. La ONU Mujeres señaló el año pasado que 14 de los 25 países del mundo en donde hay índices alarmantes de femicidios están en Latinoamérica y el Caribe. 

Recomendaciones

Además de sistematizar y publicar los datos en relación a los crímenes y violencia de género, el informe de Codehciu recomienda a los medios de comunicación orientar sus contenidos con el manejo correcto de términos como femicidio, femicidio activo, femicidio pasivo, debida diligencia e investigación diferenciada, para evitar lugares comunes incorrectos como la utilización del término crimen pasional que esconden casos de violencia de género.

A los cuerpos de seguridad del Estado venezolano se les exhorta a cumplir con la investigación diferenciada y la debida diligencia, ambos conceptos internacionales que permiten esclarecer y hacer justicia ante casos de femicidio.

La investigación diferenciada es aquella que incluye la perspectiva de género en las pesquisas para identificar elementos de que evidencien razones de odio y/o desprecio a las mujeres, y cualquier otro indicio antes, durante o después del asesinato de la mujer que permitan señalar razones de género como móvil del crimen. La debida diligencia es un estándar internacional que obliga a los Estados a adoptar medidas holísticas y sostenibles para prevenir, proteger, sancionar y reparar actos de violencia contra la mujer (…) e impone a los Estados a establecer medidas efectivas de prevención, protección, sanción y reparación para cada caso de violencia”, de acuerdo al Protocolo Latinoamericano de Investigación de la Oficina del Alto Comisionado de los DD HH de la ONU. (Prensa Codehciu)

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